Marco jurídico en función del control y seguimiento administrativo de los bienes públicos. Caso: Hospital Universitario “Dr. Alfredo Van Grieken” de Coro, estado Falcón

Resumen

La administración pública venezolana, atraviesa actualmente la peor crisis que se haya conocido en cuanto a su desempeño; aunado a esto enfrenta un descontrol desmedido. Razón por lo que el control y seguimiento ha sido reconocido como una herramienta para la dirección de todo tipo de organización. A su vez, los bienes públicos son aquellos que pertenecen al Estado, es decir, no pueden ser propiedad de personas naturales o jurídicas, sin embargo pueden ser usados por los ciudadanos de manera directa o indirecta, además posee un régimen jurídico de derecho público por cuanto se encuentran regulados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Bienes Públicos y el Código Civil Venezolano. No obstante estos bienes dominiales los regula la superintendencia de bienes públicos, creado para ejercer la rectoría del sistema de bienes públicos, con el objeto de utilizar, gestionar y proteger dichos bienes. Razón por lo que surge la inquietud de describir el marco jurídico en función al control y seguimiento Administrativo de los bienes públicos nacionales, caso: Hospital Universitario “Dr. Alfredo Van Grieken” de Coro, Estado Falcón, como un mecanismo idóneo con miras a garantizar los principios constitucionales y la adecuada rendición de cuentas, utilizado como una práctica administrativa que incorpora elementos para la gestión pública, donde no existe un control y seguimiento ni mucho menos se adecuan a la normativa jurídica. Sustentado en autores como Kelsen (1934), Robbins (1996), Gutiérrez (2015), Navarro (2016). La metodología empleada fue la investigación descriptiva que utiliza el método de análisis, con un diseño documental descriptiva donde el principal instrumento es la compilación documental. Para concretar, toda institución pública requiere llevar un control minucioso de los bienes que adquieren, para el desarrollo de su operatividad y resguardo de su patrimonio, cumpliendo con los procedimientos, que establece la ley.